La Audiencia de Castellón considera prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales por los que estaba imputado el cacique, dirigente del PP y presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Las triquiñuelas que acontecen en el ámbito judicial y que escapan al entendimiento y la lógica de la ciudadanía común, aún atónita ante el auto de la Sala, han permitido, a falta de las remotas probabilidades de que prosperen los recursos ante el Tribunal Supremo, que un presunto defraudador fiscal de altos vuelos escape de la acción de la Justicia, como otrora pasó con “Los Albertos” y el resto de la colección de casos que enlodan una parte de la administración de justicia. Cinco años de trabajo de peritos dedicados a demostrar el fraude, más que evidente para toda la humanidad que no ha tenido la ventura de estudiar Derecho, quedan en nada tras la resolución de la Audiencia. Pero hay otros cuantiosos daños colaterales, más allá de que le vuelva a tocar la lotería a quien presuntamente se le trasplantó un hígado en un hospital de la Comunidad de Madrid sin necesidad de someterse a la ruleta rusa de la lista de espera. Hecho, por cierto, poco o nada investigado por los medios informativos. ¿Habrá que esperar a la próxima entrega de Wikileaks para conocer los detalles y si hubo prevaricaciones y complicidades? Hay, insistimos, otras consecuencias que comporta la impunidad de Fabra. El sistema democrático, bastante aquejado en su credibilidad y solvencia por múltiples razones que los principales partidos políticos se niegan a afrontar, queda seriamente tocado. La confianza en la Justicia española, desde luego, ya está a la altura del betún. Por el llamado “Caso Fabra”, localizado en un juzgado de Nules, han desfilado al menos nueve jueces y cuatro fiscales. Una circunstancia que, al parecer, le ha pasado bastante desapercibida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que nunca halló nada extraño con tanto trajín y traslado, ni tuvo el valor –ni la intención- de nombrar un Juzgado Especial para las causas del todavía, aunque menos, imputado Carlos Fabra. Pero, claro, al gobierno de los jueces, como al Tribunal Constitucional, les nombran desde instancias donde los partidos políticos mayoritarios juegan partidas de poder e influencia, e intercambian cromos sin que la acción de la Justicia parezca importar, a condición de lograr patentes de corso para una selecta y obscena casta de afines. Aún está por ver cómo acabarán los sumarios de Terra Mítica, Gürtel, Brugal y el largo etcétera. ¡Porca miseria!