Por si alguien mantenía dudas sobre los procedimientos de agit-prop al uso desde las instituciones públicas valencianas, ahí quedan las declaraciones del presunto molt honorable y presunto implicado en otros menesteres, es decir, Camps, a su parroquia de alcaldes y concejales, el último 16 de enero: «Defender el plan es defender nuestra autonomía, nuestro estatuto y nuestras decisiones». ¿Se refería quizá a la promoción de nuevas prácticas de ocio y alterne? ¿O al Plan Hidrológico Nacional, a resucitar tras la eventual victoria PoPular en las generales de 2012? Pues a ése también, pero parece que ahora se refería más al “Plan del Cabanyal”, consistente en demoler más de mil viviendas (se dice pronto…), unos 450 edificios considerados públicamente como de interés histórico-artístico, con lo que se partiría en dos un barrio valenciano histórico y se expulsa de sus casas, sin ninguna necesidad apremiante, a multitud de personas, con la finalidad esencial de generar riqueza. ¿Cuánta, dónde cómo, para quién? Pues a la antigua usanza: nunca confesarían su cifra real, como en los casos de la F-1, visita del Papa, etc., pero la retribución de las obras de derribo, construcción y venta de las nuevas viviendas en el “bulevar” quedará en los bolsillos del clan de amiguetes del PP, y en forma de suculentas comisiones, trajes y bolsos, conocidos o no, de sus benefactores, si el tiempo, la justicia y la acción popular (qué ironía) no lo impiden.
Y la táctica ya está anunciada, no es nada original, pero lamentablemente, se demuestra eficaz: Desde el inicio de la transición, en el País Valenciano, una derecha que no había hecho más que estar a la órdenes de Madrid, manu militari, a su gusto, echó mano de un viejo recurso empleado por su régimen y otros afines: buscar y argüir enemigos externos como vía de escape que refuerce su imagen, para lo que montó la guerra de las banderas y de la lengua, durante décadas, y aunque ganó la primera, perdió la segunda (no se fabrica una nueva lengua en pocos años, con todas las evidencias en contra). Pero esa táctica les ha funcionado muy bien como elemento desestabilizador-movilizador del electorado más creyente, creyente en que “si los que mandan toda la vida dicen eso repetidas veces, es porque saben de lo que hablan”, y los demás serían advenedizos… Y si además, hablan de valencianía, y de crear riqueza, y “agua para todos”, ya están creando ilusión “no como ese ZP que llegó a la Moncloa por casualidad, y que niega el agua y el dinero a la Comunitat”. Los ejemplos de estos aventajados aprendices de Goebbels no sólo son numerosos, sino el día a día habitual de su quehacer político: han devastado el territorio con construcciones y campos de golf imposibles de suministro de agua suficiente, para reclamar el PHN (¡más obras:, más negocio!), boicotean todas las iniciativas del gobierno central: en ayudas sociales a la dependencia, en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, en escamoteo de rótulos del Plan Nacional de obras públicas, en la distribución de ordenadores portátiles entre el alumnado… a la vez que malgastan el dinero público en eventos elitistas, al gusto y beneficio de sus valedores: visita papal, America’s Cup, F-1… mientras faltan fondos para mejorar la enseñanza, la asistencia social, la sanidad, etc., absorbidos por los sobrecostes facturados por empresas de su clan de amiguetes, y ahora, ya han anunciado la defensa del plan de negocio del Cabanyal presentando la orden ministerial de su paralización como un “ataque a los valencianos, a las propias competencias, a la Comunitat, bla, bla, bla”, también por tipos tan autorizados como Blasco, o Cotino, dueño de residencias geriátricas favorecidas.
Este último eslabón de su estrategia victimista les puede explotar en las manos si, como sería lógico, el Gobierno central gana un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley que el Consell se apresuró a promulgar para evitar cumplir la orden ministerial, en el que descalificaba el Cabanyal como Bien de Interés Cultural, y especialmente si en el sumario Gürtel se demuestra, como apuntan todos los indicios -y es su lógica-, la implicación de ciertos “responsables políticos”, y la financiación irregular del PPartido, con cargo al presupuesto público, tras pasar por la caja de las empresas del clan, como sobrecoste en facturas. Luego dirán que promueven la competitividad de “nuestra” economía... ¡Adjudicando contratos “de tapadillo”! Más ilusión.
Pero mientras tanto, como siempre, repetirán los mismos pseudo-argumentos del victimismo frente al gobierno, sus “aliados catalanes” y llamarán a la gente a ”defender el plan” ¿o quería decir el clan?

ALFONS PUIG