EDITORIAL: EL ATAQUE A PABLO IGLESIAS NOS AFECTA A TODOS

TURIA: El móvil robado a una colaboradora de Pablo Iglesias y la trama urdida desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para boicotear las opciones de gobierno de Podemos y sus posibles acuerdos con los socialistas, es uno de los ataques más graves que ha sufrido la democracia española en los últimos tiempos. La participación del siniestro comisario Villarejo y otros miembros de la policía, evidencian no solo una necropsia del estado de derecho, sino también la patrimonialización del estado en beneficio de espurios intereses, económicos en el caso de estos agentes corruptos y políticos por lo que respecta al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz con el único objetivo de tratar de anular a los adversarios del PP. Para conseguir su propósito no dudaron en recurrir a la extorsión, a la propagación de informaciones falsas con el objetivo de denigrar la imagen de Pablo Iglesias y las expectativas de su formación. Para ello no solo recurrieron a las cloacas del estado. También integraron en la operación a empresas de la comunicación y a destacados “periodistas” como Alfonso Rojo o Eduardo Inda cuya falta de escrúpulos a la hora de propagar mentiras conscientemente deja patente su catadura ética. Esta Brigada Política al servicio del PP acumula ya demasiados casos: ahí está la campaña contra los soberanistas catalanes o el asalto a la casa de Luis Bárcenas para hacer desaparecer pruebas de la financiación ilegal de los populares. Es espeluznante comprobar como un partido utiliza instituciones públicas tan sensibles como la policía en su propio beneficio a través de actuaciones secretas e ilegales. Pero el caso de Pablo Iglesias resulta más terrorífico porque atenta contra la esencia de la democracia: los responsables del PP recurrieron a prácticas de espionaje ilegal y chantaje para impedir que los españoles pudieran elegir libremente a través de sus legítimos representantes el gobierno que desean para su país. Es curioso que los que urdieron esta repugnante trama sean los mismos que califican de golpe de estado el procés. Y es curioso también comprobar buena parte de los medios y el resto de partidos están pasando de puntillas sobre este asunto. Empezando por el ministro Grande-Marlaska que se limita a asegurar que estas prácticas forman parte del pasado, mientras sigue habiendo agentes implicados en activo y los que ya están jubilados siguen luciendo las medallas por sus “patrióticos” servicios. Richard Nixon dimitió como presidente de Estados Unidos por espiar a sus oponentes. Por desgracia aquí los responsables de estos atropellos siguen inmunes y los otros partidos prefieren mirar para otro lado pendientes de sus estrategias electorales. Ambas posturas son inadmisibles. Porque estos hechos no son solo un ataque a Podemos. Es un ataque a todos los españoles que, con independencia de sus ideas, aspiran a vivir en un país donde puedan elegir libremente a sus gobernantes. Es lo mínimo que se le puede pedir de una democracia.

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