EDITORIAL: JUSTICIA CONTRA LA IMPUNIDAD

En abril de 1971, una treintena de militantes del PCE eran detenidos en Valencia por la Brigada Político-Social de la policía franquista. Los jóvenes antifranquistas fueron trasladados a la Jefatura de Policía, donde fueron interrogados durante diecinueve días, sufriendo todo tipo de torturas y vejaciones antes de ser trasladados a la Cárcel Modelo. En aquellos siniestros interrogatorios participaron, entre otros, el comisario Manuel Ballesteros, ya fallecido, Jacinto López Acosta y Benjamín Solsona, conocido como el Billy el Niño valenciano por su sadismo en el trato a los luchadores contra la dictadura que caían en sus manos. Ahora, el juzgado de instrucción número 1 de Valencia ha admitido a trámite la querella presentada por aquellos hechos. De este modo se convierte en el primer tribunal español que asume investigar los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura de Franco. En total, se han presentado en España 18 querellas similares, de las cuales seis han sido impulsadas en Valencia por la Asociación Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano, entidad integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina que tramita un juzgado de Buenos Aires. Este tribunal argentino ya ha dictado hasta dieciocho órdenes internacionales de búsqueda y captura contra miembros de la policía franquista acusados de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Entre los perseguidos por la justicia argentina se encuentra el expolicía Benjamín Solsona. La decisión del juzgado valenciano es, sin duda, una gran noticia al abrir la vía a que por fin la justicia española ponga fin a la impunidad de la represión franquista contra la oposición democrática a la dictadura. Es solo un primer paso que deberá afrontar numerosos escollos por delante, entre ellos la equiparación entre víctimas y verdugos que fijó la Ley de Amnistía de 1977. Pero haber conseguido dar ese primer paso ya es un hito del que pueden estar satisfechos, no solo los impulsores de la querella, sino el conjunto de la sociedad democrática española. Porque frente a las voces de los sectores más conservadores, no se trata de abrir heridas del pasado, sino precisamente de todo lo contrario: cerrarlas. Y eso pasa inevitablemente por normalizar, de una vez por todas, nuestro pasado con nuestro presente y futuro democrático. Desde hace muchos años las víctimas del franquismo vienen reclamando que se sepa la verdad, justicia y un reconocimiento que se ganaron a pulso en las sangrientas décadas de la dictadura. Estas aspiraciones han obtenido en este tiempo el respaldo de entidades como Amnistía Internacional e incluso la propia ONU ha recriminado en numerosas ocasiones al estado español su inactividad frente a la impunidad de los crímenes del franquismo. Hoy esa justicia podría estar un poco más cerca. Ojalá no nos defraude.

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