EDITORIAL: UN JUEZ JUSTICIERO

TURIA: Existe un riesgo tanto o más peligroso para una sociedad democrática que la contradicción inaceptable de un juez injusto: un juez justiciero. Una tentación que parece estar en toda la maquinaria legal puesta en marcha como respuesta al inscontitucional y antiestatutario independentismo catalán y, especialmente, en los últimos autos del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Si ello ya resultaría motivo de preocupación en condiciones normales, en una coyuntura como la actual, donde la justicia ha sustituido a la política en la tarea de afrontar un problema de carácter esencialmente político, esa tentación justiciera se convierte en un peligro inadmisible para las bases mismas del sistema democrático. Causa cuánto menos extrañeza comprobar cómo se ordena encarcelar a cargos electos que, en su día, fueron puestos en libertad. O cómo se justifica un delito como el de rebelión sobre la base de una violencia que nadie en el mundo ha visto. El juez justifica esa violencia por la presión que los manifestantes ejercían sobre un grupo de guardias civiles a los que se impidió abandonar una de las consellerias que estaban registrando. Paradójicamente, por esas mismas fechas cientos de diputados y cargos públicos fueron rodeados por medio millar de ultraderechistas en Zaragoza, donde incluso fue agredida la vicepresidenta de aquel gobierno, sin que haya sido abierto ni un solo expediente sancionador. Y resulta preocupante que en el argumentario judicial se diluyan los límites entre actos delictivos e ideas políticas al justificar encarcelamientos porque los procesados siguen teniendo como objetivo la independencia. ¿Se aplicaría la misma lógica para quienes aspiren a una República? Si todo ello fuera poco, la reactivación de las órdenes de detención internacional y el arresto en Alemania de Carles Puigdemont han complicado aún más situación, disparando de nuevo la tensión en Catalunya. Pero sobre todo han devuelto al primer plano la clave de este problema: la ausencia total de la política. El PP la desactivó al considerar que la judialización del conflicto, del que confiaba en seguir sacando réditos electorales, era el territorio más cómodo. En su carrera electoralista por superar al PP, solo Albert Rivera jalease la detención de Puigdemont como el adalid de una mano dura que no conduce a ninguna parte. Pero no menos atenazados por la parálisis están los independentistas, atrapados por su propio relato y las pugnas internas por hegemonizar el nacionalismo. Así las cosas, no existe ningún puente que permita dar un primer paso hacia una normalización que será larga y difícil. Y mientras la política desaparece, con un gobierno incapaz de sacar adelante sus presupuestos, el guion del día a día lo marca un juez con tentaciones justicieras. Para la democracia, un desastre.

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