DEFINICIÓN: Persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés lawfare), es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.

DESDE el minuto uno, el PP y VOX han tratado de usar de forma sistemática esta guerra jurídica contra los miembros de Podemos y Compromís en la Comunitat Valenciana. Y lo han hecho con demandas continuadas acusándolos de los delitos más graves, buscando el titular del día y luego olvidándose cuando viene la absolución. Ha sido el caso de Rubén Trenzano, director general de política lingüística acusado y absuelto de un posible trato de favor al hermano del President, Ximo Puig, el “fraccionamiento de contratos” de la consellería de Igualdad o la absolución del secretario autonómico de empleo, Enric Nomdedeu.

EL ÚLTIMO caso ha sido el de la vicepresidenta, Mónica Oltra. PP y Vox y el grupo ultraderechista, España 2000 ha encontrado una brecha para acusar a Mónica Oltra de algo tan fuerte como tratar de encubrir el abuso de su ex marido a una menor tutelada. Cualquiera que conozca la trayectoria política y personal de Mónica Oltra sabe que esto es simplemente falso. Gracias a las contradicciones y los errores de parte de los altos funcionarios imputados de la consellería de Igualdad, y el uso torticero de la propia víctima, han conseguido que el juez pida el suplicatorio al TSJCV para investigar a Mónica Oltra.

SEGÚN publicaba El Confidencial la menor ha comenzado a “recibir de José Luis Roberto, abogado y líder de la formación ultraderechista España 2000 asesoramiento. El propio Roberto, que fue secretario técnico de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), ha hecho público a través de sus perfiles sociales su intención de representar legalmente a Teresa en una denuncia contra la Conselleria de Igualdad. España 2000, además, se está presentando como intermediaria voluntaria para recoger dinero en teoría para la joven”.

EL JUEZ ha pedido el suplicatorio al TSJCV para que Mónica Oltra sea investigada por este caso. Llegados a este punto, y en previsión de que esto ocurra, solo queda declarar y defenderse ante los tribunales.

POLÍTICAMENTE no se debe dar ni un paso atrás. Eso sería un golpe al Govern del Botànic.El electorado de Compromís no ha comprado, ni comprará jamás el pretendido uso de este caso para desgastar política y personalemente a la vicepresidenta, Mónica Oltra. Ya lo hicieron con otro vicepresidente, Pablo Iglesias que se fue por el hartazgo y el acoso de la extrema derecha, con la inestimable colaboración de un turbio juez que llegó a imputarle en un caso que entró como denunciante y saliócomo investigado ( tarjeta Dina), y finalmente absuelto, después de múltiples rectificaciones al juez por la Audiencia Nacional.

EL FIN último de este caso, es perjudicar y desgastar políticamente al Govern del Botànic haciendo coincidir los tiempos judiciales con la campaña electoral y las elecciones de 2023. Un Govern que se ha mostrado ejemplar, en cuanto a transparencia, compromisos con el buen gobierno y lucha contra la corrupción. Sin un solo escándalo reseñable en 8 años de Gobierno.

ALGÚN MEDIO ha pretendido comparar esta situación, con la vivida por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Todo más lejos de la realidad. El PP tuvo una impunidad total durante 25 años para hacer y deshacer a su antojo en la Comunitat Valenciana. Todos los casos terminaban en el TSJCV presidido por el “virrey”, y mentor de Francisco Camps, Juan Luis de la Rúa que paraba sistemáticamente los golpes a los aforados. Resulta imposible e incorrecta esta comparación con lo que estamos viendo esto días.

Y DICHO sea de paso, los jueces valencianos, con la inexcusable ayuda de la fiscalía, han absuelto a Francisco Camps de los casos de la “Fórmula1”, “Caso de la visita del Papá”, Caso Palau” y algunos otros que para algunos analistas jurídicos, eran de libro.Y no digamos de la inacción de jueces y fiscales de Madrid con los 7.000 ancianos muertos en las residencia de esa Comunidad o la falta de investigación y actuación con el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso que no logran, ni siquiera dar con su paradero.