Los barracones están de moda en el panorama educativo alicantino. La nueva tendencia, lejos de restringirse a la educación primaria y secundaria, ha llegado a la Universidad de Alicante, donde se han instalado cuatro módulos prefabricados que dan un toque informal y desenfadado al campus. La iniciativa pareciera surgir de la recién nacida concejalía de Estética Urbana, sin embargo Maribel Vera, coordinadora del Curso de Aptitud Pedagógica, asegura que se debe a la avalancha de alumnos que se han inscrito este año en el CAP. El colegio público del alicantino barrio de Benalúa lleva nueve años impartiendo clases en barracones a causa de los reiterados incumplimientos en las previsiones de edificación. Con un poco de suerte, los estudiantes que se matriculen en el CAP la próxima década podrán recibir las clases en aulas convencionales, quizás menos estilosas, pero sin duda más cómodas para profesores y alumnos.
El pasado viernes la alcaldesa de la ciudad reconocía en el pleno del ayuntamiento la mala gestión que su formación política ha llevado a cabo en cuanto a este tema. Poco antes, María del Carmen Román, concejala popular de Educación, se había negado a aceptar cualquier «culpabilidad» achacando a las «dificultades del terreno» los últimos retrasos. Es de suponer que ante una excusa tan burda Sonia Castedo no tuvo más remedio que asumir la evidencia, sobre todo teniendo en cuenta que el anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, había prometido en su día que si en 2001 no estaba construido el centro de Benalúa dimitiría. Lástima que no cumpliera su palabra. Tampoco parece que el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, tenga intención de dimitir, a pesar de que se lo hayan pedido más de 50.000 personas en la manifestación convocada en València a finales del pasado mes de noviembre para expresar el rechazo de la comunidad educativa a la enseñanza en inglés de Educación para la Ciudadanía impulsada por Francisco Camps. Muy al contrario, Font de Mora anunció que llevará personalmente las riendas de la negociación con la Plataforma per l’Ensenyament Públic, sustituyendo a Concha Gómez, secretaria autonómica de Educación y responsable hasta el momento de los contactos con los representantes de la organización. Ni siquiera parecen haber desalentado al consejero las palabras que Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, lanzó desde Alicante a la Generalitat Valenciana, advirtiendo a la institución de que cualquier obstaculización a la hora de impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía supone un incumplimiento del Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Paralelamente, nueve años después de que se firmara la Declaración de Bolonia, crece en toda España el movimiento universitario contra una reforma que se ha vendido como un modo de alcanzar una universidad europea homologable. Un modelo aparentemente deseable, puesto que permitiría a alumnos y profesores moverse por todos los países del viejo continente sin restricciones, pero que encierra, entre otros, el grave riesgo de mercantilización de la universidad pública a través de la financiación privada. La principal consecuencia que se derivaría de ello es la posible eliminación de las carreras que no sean rentables para el mercado, especialmente las englobadas en el campo de las humanidades. Supeditar los criterios educativos a los dictados del sector privado significa concebir la formación de las futuras generaciones en términos económicos. Me produce escalofríos pensar en un sistema educativo diseñado para la rentabilidad, en el que los alumnos no son tratados como seres pensantes con derecho al conocimiento sino como naranjas jugosas listas para ser exprimidas. Un sistema educativo precario, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de contenidos, que ofrece una formación provisional en habitáculos provisionales, y que se preocupa únicamente por la obtención de dinero a corto plazo. Los arquitectos de tan peligroso engendro están ingenuamente convencidos de que la interdisciplinariedad y la formación integral de las personas a nivel ético y humano no producen beneficios, simplemente porque tales beneficios no pueden ser cuantificados o calculados en euros. ¿Cuántas personas tienen que salir a la calle para que aquellos políticos que, aferrados a sus cargos, apuestan por la precariedad y la provisionalidad educativa comprendan que el saber no es un asunto pecuniario y que con el acceso al conocimiento no se puede hacer negocio?.

MARTA CASTILLO