Poco después de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora leo en la prensa que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no titubeó a la hora de eliminar las plazas gratuitas en las escuelas infantiles, cobrará este año un 0,6% más que el año anterior, a pesar de que el pasado mes de junio se comprometió a congelar los salarios de los altos cargos con motivo de la crisis. En 2009 Esperanza Aguirre cobrará 108.004,44 euros, un sueldo superior al del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que asciende a 91.982,40 euros. Es comprensible que Aguirre, ocupada en haber cerrado a toda prisa la comisión que investiga el espionaje dentro de la administración regional que preside, no tenga interés alguno en conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos. Y, sin embargo, debería saber que si no fuera por el camino andado a contracorriente por muchas otras mujeres en el pasado ella quizás no podría ocupar en la actualidad el cargo que ocupa. Porque, como muy bien recordaba recientemente la abogada Lidia Falcón en el diario “Público”, no quedan tan lejos en España las leyes discriminatorias machistas, pues hace apenas tres decenios que en este país se eliminó del Código Penal el delito de adulterio y el de prácticas anticonceptivas, algo que hoy puede parecer inconcebible incluso a las militantes del Partido Popular.
Si una realidad no es susceptible de ser sometida a una transformación la aceptamos sin oponer resistencia alguna. Por eso no hay manera más práctica de imponer un punto de vista que naturalizarlo hasta hacerlo parecer ontológicamente determinado y, por lo mismo, inmune al cambio. La Iglesia católica lo sabe bien, y durante mucho tiempo su identificación de lo femenino con lo pecaminoso funcionó de tal modo que eximía a los hombres de cualquier responsabilidad en todo lo que se refería a la cuestión reproductiva. Durante el franquismo las únicas perseguidas penalmente por adulterio, prácticas anticonceptivas y aborto fueron las mujeres. Ahora, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dice que su partido prevé recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley del aborto que prepara el Gobierno por recoger el derecho de las menores entre 16 y 18 años a abortar sin consentimiento paterno, un derecho que está reconocido de forma explícita en la legislación de países como Francia, Suecia, Dinamarca, Polonia o Canadá.
Tampoco parece que a la alcaldesa de Alicante le preocupe en demasía esta problemática: ni ella ni ningún miembro de su partido aparecieron en la manifestación que recorrió las calles alicantinas el pasado 8 de marzo bajo el lema «Ciudadanas sí, desiguales no». Sonia Castedo está enzarzada en asuntos de mayor envergadura: Enrique Ortiz, el constructor para el que trabajaba su marido cuando, siendo ella concejala de Urbanismo, se le adjudicaron diversas obras municipales, está tramando algo gordo y necesita ayuda. Ortiz, máximo accionista herculano, planea fusionar el Hércules Club de Fútbol SAD, Alicante Club de Fútbol, Club Baloncesto Lucentum SAD y Club Balonmano Mar Alicante en una sola entidad cuando concluyan las negociaciones con Juan Antonio Iniesta, presidente del Alicante Club de Fútbol. Castedo ya anunció hace una semana que estudiará desde el punto de vista jurídico la posibilidad de que una partida de 3,3 millones de euros, destinada inicialmente a la reforma de la Ciudad Deportiva de Villafranqueza, pueda servir para sanear las cuentas del Alicante Club de Fútbol. Hay razones de sobra para esperar lo peor de esta operación. Lo peor para los ciudadanos y lo mejor para Enrique Ortiz, el principal adjudicatario de obra pública de la ciudad que generosamente pagaba el IBI y los gastos de comunidad de las tres viviendas de los hijos del ex alcalde de Alicante.
La escritora nicaragüense Gioconda Belli es una mujer que está en las antípodas de las representantes políticas mencionadas en este artículo, y no solamente por haber militado en el Frente Sandinista de Liberación Nacional durante más de dos décadas. En un poema suyo titulado “Invitación a vagar” hay un verso que bien podría haber encabezado la marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora: “Desafiemos las reputaciones y las miradas de los buitres”. Me apena reconocer que esas miradas no siempre son masculinas.

MARTA CASTILLO