El pasado martes 21 de julio el diario más leído de la provincia de Alicante publicaba en portada una foto espeluznante del momento en que varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía cargaban contra decenas de pasajeros en la Estación Marítima. Los pasajeros del ferry con destino a Orán no habían podido zarpar en el buque que diariamente une Alicante con la ciudad argelina a causa de una avería y llevaban varios días retenidos en el muelle soportando altas temperaturas en unas condiciones de precariedad extrema. Mientras, la Autoridad Portuaria se limitaba a responsabilizar del caos a la compañía que se encarga de las conexiones con el norte de África y a activar el hilo musical en el interior de la Estación Marítima. Como si una melodía pudiera apaciguar la desesperación de las familias que, después de haber conducido más de mil kilómetros y haber pagado más de mil euros por el viaje en barco, se ven atrapadas en una estación de embarque sin sillas suficientes, sin un servicio de limpieza decente y sin aire acondicionado.
Imaginemos que el destino de los pasajeros no es una ciudad del norte de África sino del norte de Europa. Imaginemos que la clase social de los pasajeros es otra. Seguramente nada de esto hubiera ocurrido, porque tanto las autoridades locales como la naviera hubieran desplegado todos los medios a su alcance para evitar que un nutrido grupo de ciudadanos europeos tuvieran que esperar durante varias jornadas en semejantes condiciones. Pero, sobre todo, los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía nunca hubieran arremetido con sus porras contra los pasajeros.
Hace más de diez años el periodista alemán Carl Amery publicaba un libro que hoy sorprende por su capacidad visionaria: “Lamentablemente, pero con toda lógica, las llamadas elites, embriagadas por el DAX, el aumento de la incidencia del cáncer y otros juegos de status, son las últimas en enterarse de lo que ocurre en esta casa nuestra, la biosfera”. Para Carl Amery es evidente que un sistema como el que nos rige, asentado en leyes puramente economicistas, no es defendible desde un punto de vista moral. Pero lo grave es que, a partir de un riguroso análisis de las condiciones que permitieron el ascenso del nazismo, llega a la conclusión de que nuestra sociedad, desnortada y asediada por graves problemas medioambientales, migratorios y de desigualdad, no está vacunada en absoluto frente a un resurgimiento de liderazgos de corte fascista: “Este mundo del bienestar está mucho menos preparado para rechazar la oferta básica de la fórmula hitleriana de lo que lo estaba la confundida sociedad de 1933”. El incidente en la estación marítima de Alicante es un síntoma que apunta en esta dirección, y es que no hay duda de que, ante los conflictos que vienen, no serán pocos los que reclamen soluciones que pasan por la insolidaridad, la violencia y la exclusión. Por eso es tan importante frenarlos y evitar que sus rudimentarias ideas se infiltren en el tejido social. Es una tarea de todos, pero el papel del sistema judicial es especialmente trascendental.
La Audiencia Provincial de Madrid acaba de condenar a quince miembros de una organización neonazi por asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. La sentencia, que ha declarado la ilegalidad de la banda por fomentar la violencia, es la primera en España que condena por asociación ilícita a un grupo neonazi. Hay motivos para alegrarse, pues se trata de un dictamen pionero contra la xenofobia en nuestro país. Pero también hay motivos para preocuparse. Durante los registros realizados tras las detenciones en los domicilios de los procesados se hallaron desde armas blancas hasta pistolas de fogueo, además del abundante material con simbología nazi. Y que en pleno siglo XXI existan grupos de jóvenes que coleccionan banderas con esvásticas, documentación antisemita y películas que glorifican las figuras de Adolf Hitler y Benito Mussolini, no es un buen síntoma.

MARTA CASTILLO