En la imagen se puede ver claramente la calle San Vicente atestada de gente, pero según la policía local tan sólo 2.200 personas acudieron a la manifestación contra la corrupción que el pasado 31 de octubre recorrió el centro de Valencia. Era de esperar, negar un problema es la mejor forma de evitar abordarlo. Esta máxima, bien conocida por los directivos de la televisión pública valenciana, queda perfectamente plasmada en la perpetua sonrisa que Camps exhibe ante las cámaras desde que se destapó el caso Gürtel. Una sonrisa que al principio pudo servir para desviar la atención o para quitar hierro al asunto, pero que hoy es, sin duda, la mueca de un enajenado. Los valencianos se cansaron de la desinformación de su canal autonómico y se decidieron a salir a la calle, actualizando aquel poema del añorado Mario Benedetti: “amemos al prójimo oligarca / como a nosotros laburantes / desinformémonos hermanos / hasta que el cuerpo aguante / y cuando ya no aguante / entonces decidámonos”.
Los alicantinos, curiosamente, no nos hemos decidido todavía. Y eso que tenemos incluso más motivos para hacerlo. El problema de la corrupción nos afecta en igual medida y además somos los peor parados en el reparto del pastel (la Generalitat Valenciana destina a cada ciudadano de Alicante 83,5 euros, mientras que a cada ciudadano de Castellón le corresponden 175,4 euros, es decir, más del doble). Para colmo, la Universidad de Alicante se ha visto obligada a pedir un préstamo bancario para poder pagar las nóminas de profesores y personal administrativo.
Desde septiembre llevan las cinco universidades públicas de Alicante sin recibir dinero del Consell, que se comprometió en febrero a pagar en catorce años el total de la deuda acumulada desde 2005 a las universidades. Pero llegó octubre y luego noviembre y el rector de la Universidad de Alicante ha tenido que recurrir a las entidades financieras para poder hacer frente al pago de las nóminas, solicitando un préstamo de doce millones de euros. Doce millones de euros, exactamente la misma cantidad que la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que gestionó la visita del Papa en julio de 2006, ocultó bajo el epígrafe “otros gastos”. La visita papal, que duró apenas veinticuatro horas y que resultó ser un formidable negocio para la trama de corrupción vinculada al PP (recordemos que los gastos de sonorización por los que Canal 9 pagó 6,4 millones costaron en realidad 3,1 millones), supuso un desembolso de más de veinticinco millones de euros.
Y es que el Consell no escatima cuando se trata de grandes eventos. Un buen ejemplo es la Volvo Ocean RACE, cuya organización costó cerca de veinte millones de euros. En menos de un mes, la sociedad presidida por Vicente Rambla encomendó a Orange Market la cabalgata con la que se festejó la salida desde Alicante de la vuelta al mundo a vela. Según el contrato, el 20 de agosto de 2008 la sociedad de la Generalitat acordó contratar la fiesta, el 1 de septiembre propuso presentar ofertas a tres empresas, entre ellas la de Álvaro Pérez, que entregó su propuesta el 9 de septiembre. Tres días después obtuvo un contrato valorado en 445.000 euros más IVA. La fiesta de inauguración se celebró siete días después de la adjudicación del contrato. 
Álvaro Pérez, el “amiguito del alma” de Camps, nunca tuvo que recurrir a las entidades financieras para poder hacer frente al pago de las nóminas de sus empleados porque el Consell siempre pagó con puntualidad británica a las empresas de la red Gürtel. ¿Hasta cuándo aguantará el cuerpo de los alicantinos un Consell que mima a corruptos de baja estofa y desprecia a profesores universitarios, poniendo en peligro la formación de miles de jóvenes?.

MARTA CASTILLO