El capital no entiende de ideologías y el sector privado busca, por encima de cualquier otra cosa, beneficios económicos. Si quedaba alguna duda, estos días la industria audiovisual nos ofrece un espectáculo que habrá dejado atónitos a no pocos observadores de la actualidad. Mediaset, corporación que opera en España con Telecinco y otras licencias, acaba de absorber Cuatro, la televisión en abierto del grupo Prisa, que además le ha vendido el 22% de Digital+. Ocurre que Telecinco es propiedad del primer ministro italiano, el neofascista Silvio Berlusconi, que ahora manda sobre los contenidos que emitirá un canal hasta ayer adscrito al minoritario bloque genéricamente progresista en atención a los contenidos y el tratamiento de la información. Se ha anunciado asimismo la inminente fusión entre Antena 3 TV y La Sexta. Otra repetición de la jugada, salvando las distancias entre conservadores de una y otra alianza. Los dos canales televisivos que se integran en las corporaciones referidas fueron alumbrados bajo administración socialista, no sin mediar fuertes presiones. Unas a favor de agrandar el pluralismo audiovisual, otras en contra de fragmentar la competencia, especialmente por parte de quienes en la industria privada se resistían a compartir el pastel. Pero, en fin, así es el mercado y cabe imaginar en este trance la sonrisa torcida de quienes sufrieron el desgaste político por el reparto de nuevas licencias. Paralelamente a la codicia del sector privado, plasmada la nueva ley audiovisual impulsada por Rodríguez Zapatero, es necesario insistir en las amenazas que se ciernen sobre el espacio público audiovisual. Desde el riesgo de recluir a RTVE en la precariedad derivada de la falta de ingresos, hasta el alarmante declive de las televisiones autonómicas —sobre todo las incautadas por el Partido Popular—, cuales son los casos de Canal 9 y Telemadrid. En el País Valenciano, en vísperas del apagón analógico, está bien a la vista el fiasco, en calidad y audiencia, del reparto arbitrario de licencias entre afines a la causa de la derecha. Las sociedades democráticas necesitan televisiones públicas de calidad y bien gestionadas. A la amenaza sobre RTVE tras la primavera post-aznarista, o a su pérdida de competitividad, se une la urgencia de recuperar los desacreditados espacios públicos que derivaron en pesebres partidistas. Fiar el futuro a los «amigos» del sector privado se ha revelado, otra vez, como un gran error estratégico. ¿Nunca aprenderán?