Como todos habréis podido notar, se ha venido produciendo, especialmente en los últimos meses de verano, un aumento muy significativo de las noticias relacionadas con la okupación de viviendas; okupación que, desde la crisis de 2008, por cierto, tiene mucho más que ver con la población general, en situación de precariedad, claro está, que con personas afines al Movimiento Okupa. La avalancha de noticias sensacionalistas que nos alertan sobre la okupación responde, en parte, a la escasez de noticias que suele darse en verano, pero además, esta campaña mediática, con una falta de rigor sobre el tema vergonzosa, llega de forma oportuna ante una crisis económica inminente. Con los ERTE todavía funcionando y a solo seis meses del comienzo de la pandemia, el sector inmobiliario ya se está viendo afectado y los expertos prevén un aumento de los impagos por alquiler e hipotecarios, ¡qué oportuna sería una ley que facilitara los desahucios! En este artículo trataré de aportar algo de luz sobre el fenómeno de la ocupación del que tanta desinformación, opino que malintencionada, ha proliferado últimamente y que preocupa realmente a muchas personas.
¿Quién okupa y por qué?
En los medios de comunicación se plantea la cuestión como si en cualquier momento, durante una escapada de fin de semana o incluso en una salida nocturna -como dijo Albert Rivera-, unos criminales vagos, salvajes y alborotadores te fueran a quitar la vivienda, pero eso está muy lejos de la realidad. Según un estudio del Institut Cerdà realizado en 2017, en España hay unas 90.000 viviendas okupadas, lo cual no es tanto como uno esperaría viendo la alarma que se ha disparado en los medios y teniendo en cuenta que hay más de 25 millones de viviendas en España, millones de ellas vacías. Además, según el mismo estudio, entre el 80 y el 90% de las okupaciones no son conflictivas. Por otro lado, desde el magistrado de Barcelona, Gonzalez Maíllo, hasta el portavoz de la PAH, Juanjo Ramón, aseguran que las okupaciones se llevan a cabo por familias vulnerables en alrededor del 90% de los casos.
Relacionado con el perfil del okupa, me parece interesante recuperar una reflexión que explicaba el historiador y sociólogo Emmanuel Rodríguez en un artículo sobre este tema publicado hace solo unas semanas en CTXT. Durante la crisis del 2008, explica, se hundió la promesa de un “capitalismo popular” que prometía que, por muy caro que compraras, siempre venderías más caro, permitiendo a gran parte de la población enriquecerse un poco y prosperar. Debido al hundimiento de esta “prosperidad para todos”, muchas familias perdieron su hogar o nunca llegaron a tenerlo. No obstante, la clase media empatizó con la más precaria hasta cierto punto, al sentirse ambas estafadas por los bancos, lo cual fue una de las causas del 15M. Desde el año 2014 el sector inmobiliario se fue recuperando, pero no porque aquellos que perdieron sus casas pudieran comprar una, sino a través del alquiler, el cual llegó a subir en torno al 20% anual en las principales ciudades debido a la imposibilidad de comprar una vivienda por parte de gran parte de la población y por la explosión del alquiler turístico, como AirBnB, que se multiplicó hasta por 10 en ciudades como Valencia, ante la inacción reguladora de los gobiernos, algunos de los cuales se autodenominan “sociales”. Esto abre una brecha entre la clase media, la cual se recuperó a través de estos mecanismos en gran medida, y la baja, la cual supone el perfil okupa que tratábamos de determinar y que está lejos de tratarse de yonquis y criminales, como tratan de hacernos creer. Este proceso supone, en definitiva, que prolifere entre la clase media el miedo o rechazo al pobre o aporofobia, como lo llama la filósofa Adela Cortina en su libro del mismo nombre, lo cual puede llevarnos a una crisis mucho menos solidaria y empática; esperemos que no sea así.
¿Qué viviendas okupan?
Aún con todo, 90.000 viviendas pueden seguir pareciendo muchas, pero, ¿es cierto que los particulares corren peligro de que les quiten sus viviendas sin más? La realidad es que asociaciones de vecinos y demás organizaciones y plataformas que facilitan las okupaciones por parte de familias vulnerables tratan de okupar siempre viviendas de fondos de inversión, bancos y fondos buitre, los cuales poseen millones de viviendas vacías en este país. De las 90.000 viviendas okupadas en España, unas 80.000 pertenecen a fondos y bancos. En cualquier caso, ahora veremos qué sucede, exceptuando algún caso anecdótico que nos repetirán en televisión hasta la saciedad, si okupan la vivienda de un particular.
¿La ley ampara al que okupa mi vivienda habitual o una segunda residencia?
En el caso de que okupen una primera residencia mientras su dueño está fuera de la vivienda, no nos encontramos ante una okupación sino ante un “allanamiento de morada”, lo cual se resuelve normalmente en menos de 24 horas. Si se da el caso de que okupen una segunda vivienda de un particular o de un gran propietario es cierto que la situación puede tardar en resolverse entre uno y cinco meses, más es muy inusual debido a que ya se implementó en 2018 la conocida “ley del desahucio exprés” (Ley 5/2018) a este respecto.
Como conclusión, queda claro que a quienes les interesa modificar las leyes actuales respecto a los desahucios es a los fondos de inversión y a la banca, en vista del aumento de los impagos que se van a producir en los próximos meses y años; que quienes okupan son las familias más vulnerables y que las viviendas que okupan rara vez son de particulares y, si lo son, las okupaciones no duran mucho tiempo. En España, como apuntan desde el Institut Cerdà, hay una cantidad de vivienda pública en alquiler entre 5 y 10 veces menor que en otros países de Europa como Alemania o Francia, aumentar la vivienda pública podría solucionar en parte este problema, aunque no hay soluciones definitivas sin modificar un sistema económico basado en el crecimiento eterno. Emmanuel Rodríguez sugiere que la izquierda debería empujar y defender la okupación de viviendas de bancos y fondos de inversión y politizar sus razones para así lograr un cambio en las políticas públicas.
Por mi parte, considero que ya que vivimos en un país tan constitucionalista cuando se quiere, los dirigentes deberían recordar el artículo 47 de su querida constitución, que dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Casi le da a uno la risa, ¿verdad?
