CONSTRUYENDO DESIGUALDAD

URBANO GARCÍA: Hace unos días, Martínez Maillo, coordinador general del PP, aterrizó en Alicante con ínfulas de reconquista. Se han cumplido dos años de la pérdida por parte de Rajoy de la joya de su corona. Desde que Fabra/Rita cayeron del que consideraban su feudo, los “populares” valencianos no levantan cabeza. Isabel Bonig, perdida en la contradicción, se aferra a un rancio populismo como su tabla de salvación. Mientras los concejales del PP en València –investigados por blanqueo y financiación ilegal- viven su fuera de juego a rebufo de las ventoleras secesionistas de C’s. Maillo vino a insuflar ánimos y a anunciar el desembarco de los máximos líderes de su partido en fechas próximas. “El PP no permitirá que la CV sea una prolongación de Catalunya”, dijo anunciando que Rajoy vendrá en septiembre para abonar el campo del anticatalanismo en víspera del 1 de Octubre. Con estas visitas, pretende el PP volver a usarnos como territorio de frontera y ariete contra nuestros vecinos del norte. Y de paso, recuperar electorado azuzando el odio a los catalanes y a Catalunya. Haríamos mal en olvidar la mala financiación y el maltrato que nos da el gobierno de Rajoy a la hora de darle la bienvenida. Quien siembra vientos, recoge tempestades. “El Consell tiene alergia a la libertad educativa”, dijo también Maillo en un alegato a favor de la concertada y en contra del decreto de plurilingüismo. Lo dijo en Alicante, en un guiño a ese organismo decimonónico que son las Diputaciones. Y es que la alicantina encabeza el recurso contra el decreto de plurilingüismo, una muestra más del uso partidista que el PP hace de las instituciones. La apuesta de Rajoy/Mai llo/Bonig es volver al decreto del PP de tan nefastos efectos académicos.

DIPUTACIONES
En el programa electoral de los tres partidos firmantes del Acord del Botànic, PSPV, Compromís y Podem, figura la desaparición de las Diputaciones como objetivo político. Tras dos décadas de uso torticero y corrupto por parte del PP, parece un objetivo más que higiénico. Hay que explorar las alternativas. El Estatuto de Autonomía permite la transferencia de competencias al Consell. Una transición nunca hecha por la resistencia de los poderes establecidos. El PP se opone como gato panza arriba a perder ese contrapoder local tan útil para sus intereses partidistas. Y saca a relucir la Constitución. Un comodín legal preautonómico con el que justifica la pervivencia de las más anacrónicas instituciones. Lo lógico para evitar duplicidades sería unificar competencias con la administración autonómica. Desde la Diputación Valenciana se ha iniciado el estudio para ahorrar gastos y mejorar la gestión de lo público. ¿Qué sentido tiene que la Diputación gestione la Plaza de Toros o un hospital psiquiátrico? Para algunos recalcitrantes, el siglo XIX aún no ha terminado. Ya sé que es injusto abandonar a los pequeños pueblos a su suerte, pero es que las Diputaciones no han servido para evitar el abandono de amplias
zonas de nuestro territorio y la desertización humana de numerosas aldeas. El PP ha sembrado la desigualdad suprimiendo escuelas y servicios sanitarios con la excusa de la poca población.

GOBIERNO
“No voy a hacer nada hasta después del 1-O (…) Me dedicaré a gobernar, la política la dejaré para después”, esquizofrénica expresión con la  Rajoy justificó su pasividad ante el mayor reto del Estado. ¿Es que el gobierno no hace política? El PP debería explicar quién se beneficia de su forma de gobernar, de privatizar empresas públicas y externalizar servicios. El caso de AENA y la huelga del personal de seguridad del aeropuerto de El Prat es un buen ejemplo de a dónde conducen determinadas políticas y formas de gobernar. Desde que AENA cotiza en
Bolsa ha duplicado su valor. Eso sí, tras externalizar sus servicios. El de seguridad se concedió a la oferta más barata, aunque diera peor trato a los trabajadores. A partir de ese momento, AENA se ha desatendido del tema y ha dejado toda la gestión del servicio en manos de la concesión. Sembrar el caos sale gratis. La perversa combinación de una legislación laboral favorable a la pérdida de derechos, la privatización  empresas públicas, la colocación de ex ministros en los Consejos de Administración y la externalización de los servicios han fomentado la desigualdad. ¿Es gobierno o política?

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