EDITORIAL: ARRESTO Y JUICIO

TURIA: Si la forma en que los soberanistas catalanes culminaron precipitada y unilateralmente
el procés con la efímera proclamación de la independencia de Cataluña,
el nuevo proceso (ahora en castellano) en marcha amenaza con adquirir dimensiones
esperpénticas. Nos referimos, claro, al proceso judicial. Porque el relato de la
controvertida acusación de rebelión, defendida por el juez Llanera y la Fiscalía, que
amenaza a Oriol Junqueras y al resto de implicados con penas de hasta 25 años de
cárcel ha entrado en una senda de despropósitos de dimensiones y consecuencias
impredecibles. Solo anteojeras ideológicas permiten percibir violencia en los hechos
que ocurrieron hace un año y menos con la intensidad y determinación que requiere
una acusación como la de rebelión. Así lo consideró el tribunal alemán de
Schleswig-Holstein que rechazó la extradición de Puigdemont por este delito; así lo
estiman Jueces para la Democracia que califica de “técnicamente errónea” la acusación;
así lo creen los más de cien expertos en Derecho Penal que firmaron un
manifiesto en contra, y así opina también Pascual Sala ex presidente del Tribunal
Supremo. Algunos juristas incluso van más allá y cuestionan que puedan aplicarse
a este caso otros delitos como la conspiración para la rebelión o la sedición, que no
necesitarían de la violencia para justificarse. Esto no quiere decir que no haya responsabilidades
legales por aquellos hechos, sino que las acusaciones deben limitarse
escrupulosamente a la realidad de los acontecimientos y ajustarse a lo tipificado
en el Código Penal para tales casos.
Resulta difícil entender esta postura sin la dejación del PP en el gobierno al trasladar
a los tribunales la resolución de un problema estrictamente político y al irresponsable
comportamiento de la derecha interesada en generar un clima de crispación
y tensión social del que esperan sacar réditos electorales sin importarles las
consecuencias que ello pueda tener en la convivencia. Lo hemos visto con la insensata
provocación protagonizada por Cs, el PP y VOX en la localidad navarra de
Alsasua con la excusa de una anacrónica defensa de la Guardia Civil, monopolizando
los supuestos sentimientos patrios y sin tener en cuenta que los hechos ocurridos
allí están pendientes de un recurso judicial digno del mismo respeto, como
mínimo, como el que el PP ha interpuesto contra su condena en el caso Gürtell.
Paradójicamente, quienes desde el ámbito político o pseudoperiodístico se están
dedicando a caldear incendiariamente el ambiente social de este país, son los mismos
que denuncian pretendidas presiones sobre la justicia. Los mismos que reclaman
respeto a la ley son así los primeros en no dudar en violentarla con tal de que
se amolde a su discurso. Sin importarles las consecuencias más allá de un puñado de votos.

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