TURIA: La rivalidad que en los últimos tiempos está viviendo la derecha española, con la pugna entre PP y Cs por ocupar ese espectro electoral, está teniendo manifestaciones preocupantes. Si primero fue la promoción del ultranacionalismo españolista del “a por ellos” como respuesta al soberanismo catalán, ahora le toca el turno a la defensa de la cadena perpetua que vienen haciendo los populares como reacción a la supuesta alarma social desatada por la existencia de determinados crímenes execrables. La demagogia y el oportunismo más burdo resultan en este caso tan evidentes que el PP, en su resistencia a ceder posiciones al partido de Rivera, ni siquiera se molesta en disimularlo. Que este partido anunciara a bombo y platillo su propuesta de ampliar los casos para la aplicación de la prisión permanente revisable (como eufemísticamente denominan a la cadena perpetua), mientras el presidente de la Xunta de Galicia se rodeaba con los padres de Marí Luz Cortés y Diana Quer y el mismísimo Mariano Rajoy se parapetase tras los familiares de Marta del Castillo y Sandra Palo, deja bien a las claras la catadura ética de una formación política que no duda en aprovechar el dolor de las víctimas para buscar réditos electorales.Esta figura fue incluida por primera vez en el Código Penal en 2015 y pretendía castigar crímenes especialmente graves como los terroristas, las agresiones sexuales que desembocaban en el asesinato o aquellos cometidos contra víctimas especialmente indefensas, como los menores de edad. Ahora el PP pretende ampliar su aplicación para aquellos casos en que el asesino oculte el cadáver de su víctima, el crimen sea fruto de un secuestro o en los hechos que hayan utilizado fuego o productos químicos o nucleares. Lo hace sabiendo que la inmensa mayoría de juristas consideran injustificada la medida con los niveles de criminalidad españoles, inferiores a países donde está vigente la cadena perpetua, además de cuestionar la constitucionalidad de la medida al chocar con el principio de reinserción fijado por la Constitución. Lo hace a pesar de que el resto de partidos está en contra. Lo hace, sobre todo, consciente de la inutilidad de la cadena perpetua encubierta para los fines que dice perseguir: en tres años de vigencia la prisión permanente se ha aplicado solo a un único caso y su supuesto carácter preventivo ha sido incapaz de evitar crímenes como el de Diana Quer, a cuyo calor mediático el PP rescató su iniciativa. O los atentados de Barcelona, pese a que la prisión permanente se aprobó al calor del pacto anti yihadista. Por ello la ampliación propuesta ahora por el gobierno solo puede interpretarse como una desesperada deriva conservadora para contrarrestar el auge del Cs. Populismo al servicio de una concepción carroñera de la política. Nauseabundo.