EDITORIAL: EL WATERGATE DEL BBVA

TURIA: El binomio poder y cloacas tiene en este país un nombre propio: José Manuel Villarejo. El ex comisario de policía ha adquirido desde hace tiempo los contornos del villano que se mueve entre las sombras y la inmundicia. Sin embargo, a fuerza de centrar el foco en este malvado de comic, a menudo olvidamos que la falta de escrúpulos es compartidas por los auténticos protagonistas de sus fechorías: aquellos que le contratan movidos por una insaciable sed de poder y dinero. Esos que, por ejemplo, desde el entorno del PP, le reclaman que hagan desaparecer pruebas del caso Gürtel. O esos selectos círculos de empresarios y banqueros que no dudan en pagar y mirar hacia otro lado a cambio de que Villarejo y sus secuaces se zambullan en las alcantarillas para solucionarles los trapos sucios de sus negocios. Las últimas informaciones sobre los trabajos pagados por el BBVA al excomisario son reveladoras en este sentido. Unos cinco millones de euros ha abonado la entidad bancaria al Grupo Cenyt, la empresa de Villarejo. De entre los servicios prestados, uno destaca por la gravedad de los hechos: la trama organizada para proteger al expresidente del BBVA, Francisco González, de la operación lanzada por directivos de la inmobiliaria Sacyr para apartarle de la dirección. González fue el hombre de confianza de José María Aznar para la privatización de la banca pública Argentaria, que culminaría con la absorción por el Banco Bilbao Vizcaya que de este modo se transformaría en el BBVA, uno de las mayores entidades financieras de España. A su frente se situaría el propio González. A finales de 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno, el presidente de Sacyr intentaría entrar con su grupo en el banco y destituir a González. Para ello contaba con el apoyo del empresario Juan Abelló y del Jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Miguel Sebastián. Este último, además, tenía una motivación personal: meses antes de su nombramiento, Francisco González le había despedido como castigo por sus informes contrarios a las políticas económicas de Aznar. Ante la maniobra, González recurrió a Villarejo que puso en marcha una red de espionaje a políticos, periodistas y ejecutivos. Más de 15.000 llamadas telefónicas fueron pinchadas ilegalmente, entre ellas a miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Moncloa. Finalmente, la operación contra González fue abortada. Será difícil saber qué papel desempeñaron los informes de Villarejo en frustrar aquella operación. Lo que evidencian en cualquier caso es la catadura moral de este personaje que, pese a su condición de funcionario público no duda en poner en marcha un auténtico Watergateen beneficio de un banquero. Y también las turbias relaciones entre los poderes económicos y políticos que no dudan en vulnerar los mínimos principios éticos y legales para defender sus intereses. Flaco favor para una democracia que ya está suficientemente desprestigiada.

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