EDITORIAL: FRACTURA POLÍTICA Y EMOCIONAL

TURIA: La cuenta atrás para el anunciado choque de trenes del 1-O entre la administración central y la catalana alcanzará este domingo sus últimos dígitos. De hecho, ya hemos asistido a los primeros descarrilamientos: las cuentas de la Generalitat controladas, un coronel de la Guardia Civil al frente de facto de los Mossos de Esquadra, actos públicos prohibidos en diversas ciudades, registros policiales en instalaciones públicas y empresas privadas, 700 alcaldes en el punto de mira de la Fiscalía, catorce cargos públicos detenidos. La irresponsabilidad del PP bloqueando en 2006 el estatuto consensuado y el inmovilismo de Mariano Rajoy que, limitándose a judicializar el asunto, ha sido incapaz de ofrecer una salida política al conflicto, han sido claves en enquistar y agravar la situación. Decisiones que parecen responder más a un intento autoritario de humillar al rival, animado por los posibles réditos electorales fuera de Catalunya, que a un sincero intento de afrontar el problema.
La huida hacia delante de los independentistas, respaldados por una multitudinaria e incuestionable movilización social, pero forzando los más mínimos procedimientos democráticos como dejó patente la ley exprés del referéndum aprobada por el Parlament catalán, han acentuado esta espiral a ninguna parte de consecuencias impredecibles. Hoy resulta innegable que el 1-O carece de las garantías democráticas que permitan reivindicar sus resultados como legítimos. También que cualquier declaración unilateral de independencia en un territorio en el que el próximo lunes seguirán presentes la policía, el ejército, la judicatura y demás representación del estado central, sería una reacción tan ilusa como irresponsable. Pero igualmente es un hecho que la fractura política y emocional entre Catalunya y el resto de España es hoy más grande que nunca y resulta imposible de recomponer a golpe de Código Penal. Por eso, se tiene que evitar por todos los medios que el domingo las tensiones acumuladas se desborden y amenacen la convivencia. Pero sobre todo, serenidad y responsabilidad serán imprescindibles para afrontar los largos días que están por llegar a partir del 2-O. La democracia no se construye con legalismos paralizantes y vivas a la guardia civil. Tampoco con aventuralismos soberanistas al margen de la realidad. España tiene que asumir, de una vez por todas, un debate abierto sobre su propia naturaleza plurinacional, postergado desde hace más de un siglo cuando no abortado a sangre y fuego. Y, en ese contexto, Catalunya tiene el derecho a ser escuchada. Así opina un 80% de los catalanes -independentistas y no- que según las encuestas creen que solo un referéndum pactado puede poner fin a esta peligrosa inercia. Estos datos demuestran que existen puentes entre las posiciones enfrentadas. Dinamitarlos en nombre de una legalidad que hoy por hoy es incapaz de garantizar el consenso social y territorial o de una independencia que excluye a la mitad de su población, sería una irresponsabilidad histórica.

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