TURIA: La justicia en España no pasa por su mejor momento. Las constantes injerencias desde el gobierno de Mariano Rajoy y el uso partidista que el PP hace de ella, la vienen cubriendo desde hace tiempo con demasiadas sombras. La controvertida actuación de Manuel Moix (de quien acabamos de conocer sus intereses en paraísos fiscales) presionando a los fiscales que se toman en serio la lucha contra la corrupción, es una buena muestra. Pero la lista de despropósitos es interminable. Resulta cuanto menos sorprendente, por ello, la decisión de la magistrada del juzgado de Instrucción número 21, Nieves Molina, de archivar por tercera vez las diligencias sobre el accidente del Metro de Valencia que el 3 de julio de 2006 segó la vida de 43 personas y dejó heridas a otras 47. Llama la atención que la jueza dé por cerrado el caso sin apreciar ningún indicio de responsabilidades penales, pero sobre todo que rechace de forma rotunda tomar declaración a nuevos testigos o ampliar los informes periciales, tal y como le reclamaban tanto la Asociación de Víctimas del Metro como la propia fiscalía. En este sentido, parecen desafortunados algunos contenidos del auto, como cuando asegura que “tristemente” ha sido una “tónica generalizada” solicitar nuevos informes sin más objetivo que “desacreditar o desprestigiar” los ya realizados. Es una afirmación que roza el insulto a los familiares de las víctimas y al fiscal al cuestionar la sinceridad de sus aspiraciones a conocer la verdad. Insinuaciones especialmente inapropiadas viniendo en una jueza que había dado por zanjado el asunto en diciembre de 2007 y ya entonces consideró improcedentes las diligencias que le reclamaba la asociación de víctimas. Tuvo que ser la Audiencia Provincial quien le obligara a reabrir el caso en 2014 y le exigiera realizar las pruebas solicitadas. Pero pese a que aquel auto supuso una dura desautorización a la forma en que había llevado el asunto, la jueza vuelve ahora a desdeñar las nuevas investigaciones que le reclamaban la fiscalía y los familiares de las víctimas para aclarar un caso que, además de una tragedia humana, representó uno de los episodios de manipulación política e informativa más bochornosos de la historia de la Comunidad Valenciana. Por ello, no está de más volver a releer hoy algunos de los argumentos esgrimidos por la Audiencia Provincial en 2014. Como cuando afirmaba que “no puede dejarse indefensos a quienes en la legítima búsqueda de la verdad objetiva y la reparación adecuada, pretenden evitar la permanencia de vacíos sin cubrir en la investigación”. O cuando destacaba que “jurídica y moralmente estamos obligados a ser respetuosos, considerados y tolerantes con la más mínima duda planteada por las partes”. O cuando subrayaba que “no caben dudas, titubeos o vacilaciones, no hay que desfallecer en la búsqueda de la verdad”. Por respeto a las víctimas y sus familias, pero también a todos los ciudadanos, aquellas palabras siguen teniendo la misma vigencia hoy que hace tres años.

Foto: García Poveda