CARLOS LÓPEZ OLANO: Para buscar el porqué de las cosas, hay que rastrear su origen. Y el origen de mucho de lo que ocurre en nuestro país, está en la dictadura. Porque la memoria es que los enterrados sin lápida recuperen su dignidad, que el Valle de los Caídos deje de ser un templo dedicado a la exaltación franquista, y que se estudien las medidas de reparación económica que puedan, en una medida u otra, compensar a las víctimas. Pero también es darse cuenta de que lo que somos, tiene mucho que ver con lo que fuimos.

Y eso es lo que hace el juez valenciano Ximo Bosch, que fue entrevistado hace unos meses en La Turia. Acaba de publicar un libro, La patria en la cartera (Ariel) en el que defiende que la dictadura es la clave histórica para comprender la corrupción en España. Lo que no significa que Franco y sus altos cargos inventaran la corrupción, no. Que eso ya se estilaba mucho antes en nuestro país. Ni exime, por supuesto, a los políticos actuales –de cualquier signo– de su responsabilidad, que debe ser sometida a control hasta las últimas consecuencias. Pero el fenómeno puede y debe explicarse, teniendo siempre presentes los 40 años de autocracia que padecimos en España.

El libro habla de aspectos bastante olvidados de la dictadura. Porque los fusilamientos, los que llenaron las fosas comunes en sus inicios, pero también los que se produjeron hasta tan sólo unas semanas antes del fallecimiento en la cama del Generalísimo, tapan muchas cosas. También los encarcelamientos masivos, la diáspora de cientos de miles de españoles que cruzaron los Pirineos y se encontraron de frente con los nazis, o los que huyeron hacia Argelia o México, entre los que iban gran parte de nuestros intelectuales. O el retroceso en los derechos de las mujeres, con una España que se quedó anclada en el siglo XIX mientras los países del entorno evolucionaban. Tantas cosas gravísimas, que parece que las comisiones, los desvíos de fondos, las operaciones urbanísticas fraudulentas, fueron pecadillos menores del franquismo. Y resulta que no.

Franco y su familia se enriquecieron ilícitamente. No lo digo yo, ni siquiera el juez Bosch. Lo dicen prestigiosísimos historiadores que han descubierto, uno tras otro, chanchullos que permitieron que sus descendientes, la duquesa de Franco Carmen Martínez-Bordiú y resto de parentela –que en breve perderá su título gracias a la nueva ley de Memoria– heredaran una fortuna muy considerable. Paul Preston o Ángel Viñas estudiaron con detalle operaciones como la que legitimó a Franco como propietario del Pazo de Meirás, o del palacio de Cornide en La Coruña, o de una fastuosa finca en Arroyomolinos. Viñas explica por ejemplo, como el dictador se apropió de un enorme cargamento de café, donación del gobierno de Brasil, valorado en 85 millones de euros al cambio actual. Todo acabó en sus cuentas privadas. Fue la invitación a café más lucrativa de la historia. Y esto es tan sólo la punta del iceberg. Nadie, ni jueces ni periodistas, se atrevieron a decir ni una palabra sobre ésta y otras muchas operaciones sospechosas.

La corrupción fue más allá de Franco, claro. Muchos altos cargos cometieron tropelías, y la corrupción fue lo más democrático de su mandato: prácticamente todo el que quiso pudo ejercerla. De los tejemanejes del banquero Juan March, a la pequeña corrupción del estraperlo y del mercado negro. Del constructor José Banús que se aprovechaba de la mano de obra esclava de los presos políticos, al caso Matesa, que ya en los años 70 sí que se denunció públicamente a través de la prensa, gracias a las intrigas políticas de Manuel Fraga contra los tecnócratas del Opus Dei.  Berlanga retrató magistralmente en La escopeta nacional (1978) las monterías en las que se hacían negocios mediante comisiones millonarias que circulaban entre los constructores del desarrollismo y los ministros y subsecretarios del régimen.

El juez Bosch defiende que en la Transición, se produjo una continuidad institucional en muchos campos, también en este de la corrupción. El caso es que en el índice de 2020 de Transparencia Internacional, España se encuentra en el puesto 32 en niveles de percepción de la corrupción, entre países como Botsuana, Taiwán y Chile.

De aquellos polvos, estos lodos. Y reconocerlo, es empezar a darle solución.