CARLOS LÓPEZ OLANO: Por fin se ha conseguido desatascar la nueva Ley de Memoria Democrática y en unos días se debatirá en el pleno del Congreso. Sustituirá la denominada de Memoria Histórica que el Gobierno de Zapatero aprobó en 2007. Entre las novedades positivas, muchas: se hará un censo de las víctimas del franquismo. Se elaborará –ya era hora– un mapa de fosas completo y detallado, un banco de ADN, y la memoria será obligatoria en el ámbito educativo. También el golpe de estado del 36 y la dictadura se declararán ilegales, y las condenas políticas, ideológicas y de conciencia posteriores. El estado se hará cargo de las exhumaciones, con planes plurianuales. El Valle de los Caídos cambiará de nombre, se extinguirá la Fundación y se trasladarán las víctimas cuyos familiares lo soliciten. También los restos de José Antonio saldrán del “lugar preeminente” que ocupan. Y finalmente, se creará una comisión técnica para hacer un estudio sobre las medidas de reparación económica a las víctimas que puedan implementarse.
Desde diversas asociaciones memorialistas como la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) se ha criticado lo que consideran carencias significativas en la ley, como que se siga cerrando las puertas de los tribunales a las víctimas; que no se derogue la Ley de Amnistía y que el derecho internacional referido a esta materia siga sin ser reconocido. El gobierno ha aclarado que la nueva norma sólo legislará hasta el año 1978, aunque se hará una comisión técnica de estudio que analizará las vulneraciones de derechos humanos incluyendo hasta finales de 1983. Esto corresponde con la reivindicación de EH Bildu y Más País, no en balde los crímenes del GAL corresponden con esa fecha.
Conseguir los apoyos políticos necesarios ha sido una tarea ardua. Cada grupo parlamentario ha puesto sus propias condiciones, sin duda motivadas y fundamentadas: pero lo que llama la atención es el empecinamiento en el detalle. Tanto, que la norma ha estado a punto de no aprobarse; hay que celebrar que al final se haya impuesto el sentido común. Pero más allá de las presiones políticas para conseguir el consenso, lo que más llama la atención es la reacción de la derecha. Los populares han reconocido la necesidad de recuperar los cuerpos, pero han lamentado que la ley no haga referencia a los asesinatos perpetrados por ETA. También VOX pone el acento en la banda terrorista: dice que los años más sangrientos de la banda de violentos pasarán a ser entendibles como resistencia democrática a un gobierno tardofranquista.
Es decir, que el argumento principal para criticar una ley que quiere cerrar heridas, es que no equipara los crímenes del franquismo con los que cometió la banda de pistoleros independentistas. Lo mismo, no es. Pretenderlo es insultar la inteligencia de la ciudadanía y pretender dar el tiro de gracia a la memoria que dicen querer rescatar. Una vuelta de tuerca a la manipulación de la información, un último truco de prestidigitador de las palabras a los que tan aficionados fueron los defensores de la derecha de aquellos tiempos.
Así que conviene recordar que una cosa es la violencia institucional de un gobierno dictatorial y vengativo, ejercido por el General aliado de Hitler y Mussolini, bendecido por la Santa Madre Iglesia y permitido por los países del entorno, que ejecutó durante decenios un grado de represión política sin parangón en toda la Europa Occidental. Y otra, muy distinta, los crímenes de una banda asesina. Lo que no quiere decir, por supuesto, que olvidemos a las víctimas inocentes de los terroristas. Por ejemplo, a las veintiuna personas que perdieron la vida en el atentado de Hipercor. O a la niña de 6 años, hija de guardia civil, que murió en el atentado a la casa cuartel de Torrevieja, muy cerquita de nosotros.
El consenso entre la izquierda y los nacionalistas ha sido difícil. Con la derecha, parece imposible. Y la pena sería que todo esta labor que persigue hacer justicia y poner punto final a tantos años de ignominia, acabe en tan sólo unos meses, en la próxima cita electoral.
Ya saben, en democracia al final, las decisiones dependen de todos nosotros.
