EL MIÉRCOLES pasado cerramos redacción con el convencimiento que el caso de Mónica Oltra era un claro ejemplo de Lawfare. Hay que procesar el término. Se trata de Persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés lawfare). Es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
UNA ESTRATEGIA que se lleva usando de forma sistemática contra los principales líderes de la izquierda española y que solo se puede entender con la coexistencia y complicidad de parte del aparato (decimos esta palabra con toda la intención) judicial. Ese aparato que actúa como un ejército en la sombra de los poderes fácticos que hicieron la vista gorda en múltiples casos de corrupción del PP –aquí en Valencia tardaron 25 años en juzgar la corrupción del PP- porque tienen a sus hombres situados en puestos clave, gracias al control que ejercen desde el CGPJ. Todo ello con la ayuda inestimable de miembros de la fiscalía que, cuando hay un problema ,“te lo afinan” o ponen al fiscal anticorrupción deseado, como conversaban Eduardo Zaplana e Ignacio González, respecto al fiscal jefe, Manuel Moix, que en realidad, se dedicaba a arreglar, apañar y absolver los casos de corrupción del PP.
SI HAY y ha habido corrupción policial y política, ¿cómo no va haber corrupción judicial? Prestando atención a la actualidad informativa, podemos ver e intuir solo la punta del iceberg de jueces y fiscales. Solo se les condena cuando el caso es flagrante, como le sucedió a la magistrada y ahora delegada del Gobierno contra la violencia de Género , Vicky Rosell.
TAL y como explicaba en una excelente crónica el diario.es Año 2016. Son las dos de la tarde y dos hombres han quedado para conocerse y charlar. La cita tiene lugar en un despacho de los juzgados de Las Palmas, en Canarias. De un lado de la mesa del despacho, el juez Salvador Alba; del otro, el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en una causa que investiga ese magistrado. El encuentro cristaliza una serie de voluntades con el objetivo común de tumbar a Victoria Rosell, que ha dejado de lado su labor como jueza para dar el salto a la política; la conversación supone también el punto de inflexión de la conspiración. Es el intento de ponerla en marcha, pero será fundamental para destaparla: el empresario ha decidido entrar al despacho con un dispositivo de grabación en el que recogerá toda la charla”.
“SEIS años y tres semanas después de sus primeras maniobras conspiratorias, Salvador Alba es condenado en firme. El Tribunal Supremo confirma su condena de más de seis años de prisión, lo que implica que tendrá que cumplir condena entre rejas y que será expulsado de la judicatura. Victoria Rosell recibe la noticia en su despacho donde sigue ejerciendo como delegada del Gobierno contra la “Violencia de Género.”
SI EL EMPRESARIO no hubiera decidido grabar ese chantaje que pretendía terminar con la trayectoria profesional, política y personal de Victoria Rosell hoy estaría fuera de la política y de la carrera judicial. Todo un montaje que tuvo un final feliz, aunque entendemos, un coste personal importante. En todo el caso planea la figura del ex ministro, José Manuel Soria presunto auténtico muñidor político de toda la operación.
EN LA ACTUALIDAD buena parte de las líderes progresistas españolas como Ada Colau en Barcelona, Irene Montero-con el surrealista caso de Gara Santana, su jefa de prensa que está imputada por cuidar a su bebé- o Mónica Oltra en Valencia, están sufriendo un acoso judicial y mediático con el objetivo de inhabilitarlas con bulos y medias verdades. Denuncia Vox y la ultraderecha, y lo reciben los jueces dispuestos a abrazar la causa. Y todo ello va acompañado de un acoso personal, a su familia, a sus viviendas, a sus hijos o hijas. Es un plan perfectamente planeado para, en el mejor de los casos, que abandonen la política, y en el peor, como le sucedió al secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, de inhabilitarlos y expulsarlos del Congreso en una más que discutible sentencia del Tribunal Supremo que va camino del Tribunal de Justicia de la UE que ya ha tumbado varias sentencias de la justicia española.
EL PASADO viernes, la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, destapaba en una foto, el encuentro entre Francisco Camps- de beato no tiene nada-, Alberto de Rosa, gerente para Europa de Ribera Salud, responsable de los hospitales revertidos por el Govern del Botànic a la sanidad pública, y la fundadora de Vox, Cristina Seguí, como presuntos supuestos muñidores de toda la estrategia de acoso y derribo contra la vicepresidenta, Mónica Oltra que ha desembocado en la solicitud de imputación por parte del juez de Instrucción número 15 de Valencia al TSJCV. Se da la circunstancia que Alberto es hermano de Fernando de Rosa, uno de los prohombres del PP en materia de Justicia, papá político de Francisco Camps, secretario autonómico de justicia del PP,vicepresidente del CGPJ entre 2008-2014 y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia de 2015-2019, ahora senador y portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Justicia en el Senado.
UN CASO absolutamente rocambolesco que trataría de demostrar que todos los altos cargos de la Consellería de Igualdad y políticas inclusivas, se organizaron para ocultar el caso del ex marido de Mónica Oltra, Eduardo Ramírez, persona que ya ha sido condenada a 5 años de cárcel, por el abuso de una menor tutelada. El juez del juzgado número 15 de Valencia ha comprado el argumento jurídico de que esos altos cargos de la consellería de Igualdad, por orden de Mónica Oltra-se entiende-trataron de tapar este caso de abusos.No sabemos en qué pruebas se basa.
COMO buena “Guerra Jurídica” ha habido una total sincronización a nivel estatal con el PP de Madrid para convertirlo en un caso “nacional”, con el grupo parlamentario popular valenciano que hace meses que lleva agitando esta marea en Les Corts, con el uso y participación del Síndic de Greuges, el alicantino, Ángel Luna, a través de múltiples denuncias ciudadanas tramitadas mediante un íntimo colaborador de Juan Cotino. Para batir semejante pieza se necesitan mover todos los resortes y recursos y “seguir el rastro del dinero”.
QUE NADIE se equivoque. El objetivo no es batir a Mónica Oltra, el objetivo es acabar con el Govern del Botànic que es el que le ha hecho perder a Ribera Salud más de 100 millones de euros con las reversiones de la Sanidad valenciana. El Govern del Botànic deberá medir muy bien los “tiempos judiciales”, algo en lo que son expertos los políticos del PP, dilatando años causas, que pasan por múltiples jueces y que, en muchas ocasiones, terminan con la absolución (Acuérdense del Caso Fabra que costó la renuncia de 9 jueces y cuatros fiscales y nueve años de juicios para ser finalmente condenado gracias a la persistencia del magistrado, Jacobo Pin) y planificando el futuro escenario electoral. Nuestra opinión es que este caso seguirá dando titulares de prensa, pero que no afectará a la confianza de los votantes de Compromís en Mónica Oltra y a su trayectoria política y personal. Ellos son los primeros que saben que estamos ante un caso de libro, uno más, de guerra sucia para liquidar a oponentes políticos. No se debe dar ni un paso atrás, y si se da, debe ser parcial- Oltra, además de vicepresidenta y consellera, es portavoz del Gobierno valenciano- para sacar tiempo y organizar la defensa y descargarse de presión. Pero, ni un paso atrás.
