No suele ocurrir que un colectivo tan poco dado a los gestos extremos como el profesorado se plantee una huelga indefinida. No es un sector impulsivo. Al contrario: acostumbra a resistir, a aguantar, a estirar los recursos hasta donde no llegan. Por eso, cuando el 77% de los docentes valencianos afirma estar dispuesto a movilizarse, conviene dejar de hablar de “conflicto” y empezar a hablar de problema serio.

Los datos no son una anécdota. Casi 10.000 profesores han participado en una consulta impulsada por los sindicatos y la conclusión es clara: la huelga no es una amenaza retórica, es una posibilidad real que puede arrancar el 11 de mayo. No hay división significativa, no hay dudas de fondo. Hay cansancio. Y, sobre todo, hay una sensación bastante extendida de que al otro lado no hay nadie escuchando.

Porque lo que está en juego no es solo una subida salarial. Eso sería reducir el conflicto a una cuestión contable, y no lo es. El profesorado lleva meses —algunos dirían años— reclamando algo más básico: condiciones dignas para trabajar. Menos burocracia, plantillas suficientes, estabilidad, reconocimiento. En resumen, poder dar clase sin tener que sobrevivir a la administración.

La respuesta de la Conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí, ha sido una mezcla de buenas palabras y aplazamientos. Promesas de diálogo, sí. Intenciones, también. Pero propuestas concretas, ninguna. Todo queda supeditado a unos presupuestos que no llegan, a un calendario que no existe y a una negociación que siempre parece empezar mañana.

Mientras tanto, el mensaje implícito es peligroso: paciencia. Siempre paciencia. Como si el profesorado no llevara ya demasiado tiempo sosteniendo un sistema que funciona más por inercia que por planificación. Como si el desgaste no tuviera consecuencias.

La situación se agrava cuando desde la administración se apela a la “responsabilidad” de los docentes para no perjudicar al alumnado. Un argumento que, utilizado así, roza el chantaje emocional. Porque precisamente son los profesores quienes garantizan cada día que ese derecho a la educación se cumpla, incluso en condiciones que distan mucho de ser las ideales. Y lo hacen con servicios mínimos, con sobrecarga de trabajo y con salarios que siguen por debajo de otras comunidades.
La huelga, por tanto, no es el problema. Es el síntoma.

Y si se llega a ella, será porque todas las vías anteriores han fracasado. Porque el diálogo se ha quedado en la foto y no ha pasado al contenido. Porque la política educativa ha optado por ganar tiempo en lugar de afrontar los conflictos.

Hay, además, un elemento que no conviene olvidar: el desgaste no es solo laboral, también es simbólico. Casos recientes, como la dimisión del subdirector general Jordi Martí tras la polémica por sus declaraciones y publicaciones denigrantes hacia el profesorado, han contribuido a erosionar aún más la relación entre administración y docentes. No es solo una cuestión de gestión, es también de respeto.
En este contexto, la huelga aparece como último recurso. No como estrategia, sino como salida.

La pregunta ya no es si habrá movilizaciones. La pregunta es por qué se ha llegado hasta aquí. Y la respuesta, aunque incómoda, es bastante evidente: porque no se ha querido escuchar a tiempo.

Hay motivo. Y de sobra.