El nombramiento del general retirado Gan Pámpols como vicepresidente de la Generalitat Valenciana para la Recuperación Económica y Social refleja un preocupante giro político que debería alarmar a cualquier demócrata. Pámpols, que declara no querer interferencias políticas, ya es, sin embargo, parte activa de un proyecto liderado por Carlos Mazón, un presidente que, lejos de respetar los valores democráticos, parece dispuesto a sustituirlos por dinámicas de opacidad y autoritarismo. Esta contradicción es tan evidente como peligrosa: quien sostiene que no debe haber política en su gestión está sirviendo, sin reparos, a una agenda política que empuja a la Comunidad Valenciana hacia la militarización de su gobierno.
La frase “haga como yo, no se meta en política” evoca un pasado reciente de nuestro país donde el autoritarismo se disfrazaba de falsa neutralidad. Es un mensaje inquietante que refuerza la idea de que las urnas son secundarias cuando el poder ya está asegurado. Frente a una gestión plagada de escándalos, como la adjudicación a dedo de 4,5 millones de euros en obras de la DANA a una constructora investigada por corrupción, el PP de Mazón opta por consolidar su control mediante nombramientos que intentan blindar su posición. Es una jugada política que no responde a la transparencia ni a las necesidades de los ciudadanos, sino a los intereses de una élite que sigue actuando como si el poder les perteneciera por derecho.
El mensaje que transmite Mazón es extremadamente peligroso: en lugar de someterse al juicio democrático de los ciudadanos valencianos mediante unas elecciones anticipadas, opta por reforzar un gobierno donde la legitimidad cede terreno a la imposición y a la manipulación de las instituciones. Al permitir que una figura militar asuma responsabilidades fundamentales, el Gobierno valenciano demuestra su desdén por los principios democráticos y su voluntad de mantener el poder a toda costa, aunque ello implique cruzar líneas que no deberían cruzarse nunca.
No es casualidad que estas decisiones se produzcan en el contexto de una Comunitat Valenciana históricamente saqueada por las tramas del PP, donde los escándalos de corrupción han marcado la agenda política durante décadas. Mazón no es una excepción: su gobierno ya muestra las grietas del favoritismo, la opacidad y el abuso de poder. Pero ir más allá, intentando militarizar el gobierno, abre una puerta a una normalización del autoritarismo que debería encender todas las alarmas.
Los valencianos merecen algo mejor. Merecen un gobierno que rinda cuentas, que respete las instituciones y que permita que las urnas decidan el futuro de la comunidad. Militarizar la Generalitat no es gobernar; es un intento de imponer por la fuerza lo que no se puede ganar democráticamente. Y eso es un ataque directo a los valores que deberían sostener cualquier sociedad libre.
