València ha vuelto a ser noticia estos últimos días por las presiones de la extrema derecha. Si hace unas semanas lograron que el teatro Olympia suspendiera la actuación de Dani Mateo, ahora han estado a punto de volver a conseguirlo con el espectáculo de Mongolia, cuya cancelación llegó a ser anunciada, aunque posteriormente rectificada, por los responsables de La Rambleta. Las actitudes intolerantes y antidemocráticas de grupúsculos como España 2000 son inadmisibles en una sociedad democrática y frente a ellos es preciso una respuesta contundente ciudadana y política. No caben medias tintas. No hacerlo abre las puertas a peligros que creíamos superados pero que las elecciones andaluzas del pasado domingo han mostrado en toda su preocupante realidad. Los responsables de La Rambleta rectificaron y finalmente mantuvieron la programación de Mongolia. Pero el anuncio inicial de su suspensión desató un escándalo y una indignación que nunca debió haberse provocado. A diferencia del teatro Olympia, La Rambleta es un espacio público, de gestión privada, dependiente del Ayuntamiento de València, a través del área de gestión cultural que regenta la concejala de València en Común, María Oliver. Por eso, proponer que la representación se trasladase a otro espacio público, como inicialmente hizo la concejala, resulta un sinsentido. ¿Si las actuaciones ya estaban programadas en un espacio público por qué había que trasladarlas a otro espacio público? En este sentido, traspasar a la Delegación del Gobierno la responsabilidad por la supuesta falta de seguridad parecía más bien un intento de lanzar balones fuera, ya que resultaba difícil de comprender por qué las amenazas podían estar bajo control en un local y en otro no. Y escudarse en la gestión privada de este centro cultural para justificar la suspensión era inadmisible: desde sus orígenes La Rambleta recibe unas ayudas públicas anuales de 2,3 millones de euros que se han ido revalorizando cada año con el IPC. De este modo, este incidente bochornoso ha vuelto a poner en cuestión la falta de transparencia que rodea a La Rambleta desde su creación por los gobiernos de Rita Barberá. Una opacidad especialmente preocupante después de que José Adolfo Veldrí se viera implicado en el caso Taulapor el contrato de construcción y explotación de este espacio cultural. Aunque aquella investigación fue archivada en 2017 por el Tribunal Superior de Justicia, el nombre de Vedrí continúa investigado en el caso Taulapor sus vínculos con la empresa de publicidad Engloba. Al final, la coherencia democrática se impuso en la resolución del problema, gracias en gran medida a la determinación política del alcalde Joan Ribó. No había otra alternativa posible. Frente a las amenazas de la ultraderecha, solo vale denunciar los hechos y reclamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad que tomen las medidas necesarias para garantizar la convivencia y la seguridad pública. De esta manera lograremos impedir que los intransigentes y los fanáticos vengan a determinar nuestras vidas.

ILUSTRACION: LEONARD BEARD